‘Plan Ecuador’ podría implementarse ante crisis de seguridad

Organizaciones ciudadanas en Ecuador están preocupadas por que la actual crisis de seguridad conduzca a un grave retroceso en derechos humanos y que el Gobierno de Daniel Noboa, junto con el de Estados Unidos, pueda implementar una especie de ‘Plan Ecuador’ similar al que se aplicó en Colombia.

«Tenemos mucha preocupación de que esta situación justifique un grave retroceso en derechos humanos, más grave de lo que ya ha ocurrido», afirmó la defensora Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, en entrevista con Sputnik.

La activista explicó que en estos momentos la Corte Constitucional del país andino revisa el acuerdo entre Washington y Quito sobre cooperación militar que permitiría, entre otras cosas, ejecutar operaciones marítimas conjuntas con el objetivo supuesto de combatir el tráfico de drogas, armas, combustibles, trata de personas y pesca ilegal.

«En este acuerdo lo que vemos es una cesión de soberanía, vemos un ofrecimiento de impunidad a quienes operen en el Ecuador, y nos preocupa mucho que se ponga en marcha un ‘Plan Ecuador’ que, como el Plan Colombia, fue ineficaz y no generó esta sensación de seguridad y normalidad a la población civil que en este momento está aterrorizada», afirmó la abogada y especialista en derechos humanos.

Soluciones inefectivas

De acuerdo con la activista ecuatoriana, en su país no solamente se está viviendo una crisis de seguridad, sino también de derechos humanos, y las medidas anunciadas por el presidente Daniel Noboa no responden a la problemática «gravísima».

«Tenemos soluciones que a lo que tienden es a poner en más riesgo a la población civil», señaló Idrovo, quien recordó que, al igual que el de Noboa, Gobiernos anteriores han decretado estados de excepción y han ordenado la movilización de fuerzas armadas como un recurso recurrente, pero sin resultados tangibles para los ciudadanos.

«La respuesta del Gobierno no es una respuesta insertada en un plan estructural de combate a la delincuencia organizada, sino esta declaratoria de conflicto armado», sentenció.

Para Idrovo, la declaración del mandatario en torno a un conflicto armado interno significa reconocer a las bandas de crimen organizado como beligerantes y, desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos, no lo son, sino crimen organizado, nacional e internacional, que ha permeado en las instituciones del Estado, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional.

CAPTURADOS

Como resultado de la intervención en @tctelevision #GYE, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito.

Posterior más detalles… pic.twitter.com/tPq7FfaGcM

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024

Se trata, afirmó la especialista en derechos humanos, de una medida populista que busca evadir la responsabilidad del Estado para atender de forma integral los factores que inciden en lo que ocurre en el país.

«Es esta respuesta fácil, simplona, no técnica, no insertada en un diagnóstico de la población, en un diagnóstico de la situación que vive el país. Es una respuesta simbólica a lo que sucede ahora en la población, que es que tiene miedo, tenemos miedo como población ecuatoriana, estamos sintiendo miedo. Estamos sintiendo impotencia, estamos sintiendo indefensión, y claro el discurso del Gobierno es tratar de responder a esa sensación de indefensión», explicó.

Fuerzas Armadas, policías, infiltradas por el crimen

Para Idrovo, lo que el Gobierno tendría que hacer es comenzar con una depuración de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones del Estado infiltradas por el narcotráfico y por el crimen organizado.

«Eso es una tarea pendiente porque si mandamos a las Fuerzas Armadas a que combaten al crimen organizado, pero las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todas las instituciones del Estado están permeadas por ese crimen organizado, entonces no sabemos a qué intereses van a responder», ponderó.

Otras de las acciones que se podrían tomar, en opinión de la defensora, es tomar el control de los centros de privación de libertad y desarmar los sistemas extorsivos, así como cortar el financiamiento que tienen las bandas criminales, por ejemplo, a partir de la minería ilegal.

Conforme a la coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos, otro punto fundamental es la presencia del Estado en la vida de las comunidades, porque detecta un abandono.

Las últimas 72 horas han sido uno de los periodos más dramáticos de la historia reciente de Ecuador.

El domingo 7 de enero con la fuga de prisión de José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la agrupación narcotraficante Los Choneros, se puso en marcha una serie de motines carcelarios, enfrentamientos entre miembros de bandas criminales y policías en la vía pública, y hasta la toma de rehenes en un canal de televisión, episodio que dio vuelta al mundo.

Ante el desborde de la violencia, Daniel Noboa decretó este martes 10 de enero un «conflicto armado interno», luego de haber declarado estado de excepción y de desplegar el Ejército en las calles para neutralizar lo que calificó como un accionar de «terroristas» contra los que el Estado ecuatoriano está «en guerra».

Sputnik