Isla Gorgona en el Pacífico en la mira de EEUU para asentar una nueva base militar ¿Lo permitirá Petro?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro se puso el reto de convertir a Colombia en una ‘potencia mundial de la vida’. Y es que desde que era candidato, el líder del Pacto Histórico hizo de la preservación del medio ambiente una de sus principales banderas.

También prometió dejar a un lado la «guerra contra las drogas» que, aseguró, «había fracasado». La implementación de una estrategia alternativa pasaba por rediseñar los términos de la cooperación con EE.UU. en la materia.

En Isla Gorgona, sin embargo, no hay cambio sino continuidad. A principios de este año, su Gobierno se vio obligado a anunciar la suspensión de varios proyectos de infraestructura que, de acuerdo con movimientos sociales, componen una base militar.

En defensa de las obras financiadas por EE.UU., el Gobierno del Pacto Histórico se ha terminado alineando con la narrativa de la Unión Americana que, más que ver por la conservación de los océanos, coloca como prioridades combatir el narcotráfico y la pesca ilegal.

Con la mira puesta en China

No solo hay continuidad en la política de seguridad, sino incluso una mayor cooperación: una política de ‘puertas abiertas’ que hasta el momento mantiene vigente la posibilidad de instalar la que sería la novena base militar de EE.UU. en la nación suramericana.

En Gorgona, la isla donde se contempla el desarrollo de cuatro proyectos de infraestructura, con todo y el rechazo de ambientalistas, comunidad científica y habitantes de los alrededores, EE.UU. no ceja en su intento de ganar posiciones como parte de una estrategia de seguridad de gran alcance.

Para Washington, los proyectos de infraestructura en la denominada ‘isla ciencia’ son parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, una iniciativa cuyos promotores aseguran que está orientada a la conservación de más de 500.000 metros cuadrados de océanos.

Se trata de un área que, además de abarcar las aguas de cuatro naciones latinoamericanas (Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador), incluye las islas Cocos, Coiba, Galápagos, Gorgona y Malpelo.

De acuerdo con un comunicado publicado el año pasado por el Departamento de Estado, el objetivo de EE.UU. consiste en apoyar con financiamiento el diseño de una estrategia multilateral para la gestión, la seguridad y el financiamiento de la conservación marina.

En Gorgona, ambientalistas, comunidad científica y habitantes de los alrededores rechazan los proyectos de infraestructura, pese a que EE.UU. no ceja en su intento de ganar posiciones como parte de una estrategia de seguridad de gran alcance.

La estrategia va tomando forma. Ya se cuenta con un memorándum de entendimiento suscrito por los Gobiernos de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y EE.UU. a mediados del año pasado.

Cabe destacar que, antes de la suscripción del memorándum, en Colombia ya se habían instrumentado iniciativas orientadas a la conservación del medio ambiente en el Pacífico.

Una de ellas es el ‘Malpelo Endowment Fund’, un fondo de financiamiento lanzado en 2009, canalizado hacia la isla con el mismo nombre y que, a finales de marzo de este año, fue objeto de análisis por parte de agencias estadounidenses y diversas organizaciones durante un encuentro en Bogotá.

EE.UU. niega base militar

Entre los asistentes se encontraba Brendan O’Brien, ministro consejero de la Embajada norteamericana y encargado de supervisar a 53 agencias estadounidenses en su proceso de estrechar relaciones con Colombia.

Cuestionado sobre las obras que la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de EE.UU. (INL, por sus siglas en inglés) financia en Gorgona, O’Brien rechazó que se tratara de una base militar.

Sin embargo, de inmediato el diplomático explicó que los objetivos de las obras eran, en primer lugar, combatir el narcotráfico y la pesca ilegal; y en segundo lugar, salvaguardar el área marítima y aumentar la capacidad de EE.UU. para trabajar con Colombia en la protección del medio ambiente.

Días después, el capitán Javier Bermúdez, quien integra la Armada Nacional de Colombia, rechazó que personal estadounidense fuera a ser desplegado en Isla Gorgona. Y negó también que la política de seguridad en esta región del Pacífico fuera a ser comandada por autoridades norteamericanas.

De acuerdo con Bermúdez, no había nada de qué preocuparse. Los miles de dólares que se han invertido en estas obras forman parte de la «cooperación bilateral» que, según su perspectiva, no se restringe a la Armada, sino que incluye a prácticamente todos los ministerios del Gobierno nacional.

Los intereses de Washington en el Pacífico

Washington tiene interés en ver aumentada su influencia en el Pacífico latinoamericano. Sus argumentos para justificar la presencia norteamericana en esta zona van desde luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal, hasta la conservación del medio ambiente.

La pesca ilegal representa no solo un desafió ambiental y económico, sino de seguridad nacional, aseveró en un artículo publicado en febrero de este año, Brad McNally, capitán de la Guardia Costera de EE.UU.

En el documento, el mando militar apunta que es necesario establecer alianzas con países de América Latina y África, así como replicar el modelo desarrollado en la región Indo-Pacífico para detener a la flota pesquera china que, asegura, lleva a cabo prácticas ilegales.

McNally destaca la necesidad de una mayor cooperación en seguridad, provisión de tecnología e intercambio de información para apoyar a «países con una capacidad limitada para ver lo que sucede en la superficie del océano a varias millas de sus costas».

Son necesarios, se lee en el artículo, aeronaves costosas o activos de superficie. Para McNally resulta imprescindible la cooperación de EE.UU. En Colombia, esta misma narrativa hoy es asumida (y defendida) por el Gobierno del Pacto Histórico.

La respuesta (y vacilaciones) del Gobierno

La presión social obligó a la Administración del presidente Petro a suspender las obras que se habían planeado construir en Isla Gorgona con el financiamiento de Washington.

No solo eso, los movimientos sociales en defensa de la preservación de la denominada ‘isla ciencia’ hallaron eco entre varios legisladores que, a su vez, solicitaron una audiencia pública para abordar el polémico proyecto.

Fue el 13 de marzo cuando la titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, acudió al Congreso para escuchar, durante más de cuatro horas, argumentos en contra de retomar los trabajos de construcción en Gorgona.

Muhamad salió en defensa de los compromisos hechos en campaña. La promesa de hacer de Colombia una ‘potencia mundial de la vida’ no eran solo discursos, dijo, sino acciones concretas que formaban parte de un plan de Gobierno.

A diferencia de Administraciones anteriores que dieron un fuerte impulso a la militarización para poner un alto a la devastación ambiental, aseguró que el actual Gobierno había asumido una política distinta.

En contraste con la ‘Operación Artemisa’, que supuestamente tenía por objetivo poner un alto a la deforestación, el Gobierno de Petro, sentenció Muhamad, había dejado de lado la «judicialización por la vía militar» para resolver los problemas.

En la actualidad se busca generar oportunidades de trabajo para la población local, reconvertir el aparato productivo e implementar programas orientados a la inclusión de las comunidades, explicó la funcionaria.

Nada dijo, sin embargo, sobre los acuerdos alcanzados con EE.UU. el año pasado referentes a la protección de la región del Amazonas con el apoyo de personal y equipo militar.

Nada mencionó, tampoco, sobre la propuesta formulada por quien despacha desde la Casa de Nariño de sumar a esta tarea a las Fuerzas Armadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La ministra dio la bienvenida al debate público, no obstante, dejó claro que, de los cuatro componentes de infraestructura, la estación de guardacostas, el muelle, el tanque de almacenamiento de combustible y el radar, todos ellos eran necesarios.

No obstante, la decisión del Gobierno aún no está tomada, explicó a los asistentes a la audiencia, para luego abordar uno a uno de los proyectos de infraestructura y la polémica que se ha generado alrededor de ellos.

Respuesta a cuestionamientos

Sobre la estación de guardacostas aclaró que no se trata de construirla desde cero, sino de una ampliación. Hacer algunas modificaciones y realizar trabajos de modernización.

Con respecto al muelle comentó que la isla se encuentra dentro de la zona de influencia del Canal de Panamá: por lo menos unas 14.000 embarcaciones navegan cerca de ella diariamente.

Además, toda vez que no hay un muelle bien establecido, los más de 2.400 embarques y desembarques que se realizan cada año provocan remoción de materiales, con lo cual, terminan generando impacto ambiental.

Sobre el almacenamiento de combustible, Muhamad advirtió que las condiciones actuales son muy peligrosas. Es necesario, por tanto, dotarse de equipo que cumpla con los estándares de seguridad requeridos.

Finalmente, sobre la instalación de un radar, la titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reconoció que su función es garantizar el control de la Armada sobre el tráfico en la zona. Y adelantó que se estaba evaluando construirlo en otra parte, aunque sin entrar en detalles.

Con todo, Susana Muhamad en ningún momento cuestionó que estas obras fueran financiadas por EE.UU.

«Olvídense quién lo financia, supongamos que el Sistema Nacional Ambiental pone la plata», atajó durante su intervención.

Para Muhamad, el de Gorgona es un proyecto cuyo objetivo, contrariamente a lo que sostienen los movimientos sociales opositores, es la defensa de la soberanía nacional.

Durante su alocución, Muhamad cargó contra China, a la que acusó de llevar a cabo pesca ilegal. Y respaldó la iniciativa del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, otra vez sin cuestionar la participación del Gobierno de EE.UU.

Uno de los logros que destacó sobre este plan de cooperación multilateral es que habían llegado al arreglo que EE.UU. «no puede hablar por separado», esto es, que se debe tomar en cuenta a los cuatro países latinoamericanos involucrados.

Opinión de organización

En entrevista con RT, el integrante del Comité ‘Salvemos Gorgona’, Andrés Bodensiek, lamenta que, contrariamente a lo que prometió en campaña, Petro no haya abandonado el ‘enfoque militarista’ de Gobiernos anteriores.

«Estamos en contra de que se nieguen ante la opinión pública los intereses geoestratégicos que están en juego en Gorgona», sentencia.

El activista, con una maestría en economía agrícola y ambiental, y quien participó en la audiencia pública de mediados de marzo, asegura que en otras islas del Pacífico donde EE.UU. ha tenido presencia militar se ha degradado el medio ambiente.

Un ejemplo son las islas Galápagos, recuerda Bodensiek, donde en la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo la construcción de una pista de aterrizaje y se desplegaron más de 10.000 efectivos provocando daños sobre la Naturaleza.

De cara a reuniones adicionales con el Gobierno en las próximas semanas, los miembros del Comité ‘Salvemos Gorgona’ están a la espera de un acto administrativo por parte del Ministerio encabezado por Muhamad para hacer oficial la suspensión de las obras.

Se mantienen en alerta. Y es que, si bien Muhamad aseguró en la audiencia pública que el proyecto estaba suspendido, algunos elementos de la Armada Nacional han salido a contradecir a la ministra.

«Este proyecto no está suspendido porque a la fecha cuenta con todas las licencias ambientales requeridas para adelantar la construcción, lo que se ha atendido es una sugerencia de la vicepresidenta de la República para que las comunidades conozcan mucho más el proyecto y entiendan las bondades más del mismo», puntualizó en una entrevista de la última semana de marzo el almirante Francisco Cubides, quien es comandante de la Armada Nacional.

Conseguir la revocación de los proyectos de infraestructura desarrollados en Gorgona es la meta del Comité, que ya planea plantones y marchas nacionales.

Para el presidente Petro, es la ‘prueba de fuego’ para dejar claro su compromiso con la defensa del medio ambiente y hacer de Colombia una ‘potencia mundial de la vida’.

(RT)