En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre el amparo otorgado por la Naciones Unidas a integrantes de la organización delictiva “Tren del Llano”.
Rojas recordó que dicha banda criminal tiene su asiento principal en las cercanías del Parque Guanapito en Altagracia de Orituco, estado Guárico, y está dedicada mayormente a cobrarle vacuna a los agroproductores de la región.
El “Tren del Llano” está conformado por aproximadamente 80 sujetos, liderados por Óscar de Jesús Noguera Hernández, siendo sus lugartenientes: Ronald Hembert Hernández Hernández, alias “Mata Guaca”, y Manuel Alejandro Moyetones Castillo, alias “Cabeza de Mandarria”.
Afirmó que actualmente están siendo juzgados 16 presuntos colaboradores de la organización, entre quienes destaca el cantante de música llanera Omar Labrador. Estas personas presuntamente ayudaban a legitimar el dinero proveniente de las fechorías cometidas por la banda.
Al respecto, destacó que la mayoría de esos ciudadanos fueron capturados con ocasión de la Operación Trueno, un despliegue policial-militar ejecutado en Altagracia de Orituco y otros municipios de Guárico.
En dicho operativo, refirió Rojas, fueron detenidas dos mujeres, Elizabeth Silva Beroes de 34 años de edad y su hermana María Fernanda Silva Beroes de 38 años de edad, a quienes les incautaron varias armas de fuego pertenecientes al “Tren del Llano”, según las investigaciones.
Las hermanas fueron detenidas el 24 de abril de 2022 en un inmueble ubicado en Altagracia de Orituco, por agentes de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana y fueron trasladadas a Caracas e imputadas el 16 de mayo de 2022 por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas. No obstante, en la audiencia preliminar el Ministerio Público (MP) desechó los delitos de terrorismo y tráfico de armas, quedando solo asociación para delinquir.
De acuerdo con el periodista, ambas admitieron su participación en los hechos investigados por el MP y el tribunal les impuso una condena de cinco años de prisión.
Relató que, en medio de ese proceso penal, abogados de las hermanas Silva Beroes acudieron a las Naciones Unidas para denunciar que su detención es considerada como arbitraria.
Dicha denuncia le fue informada al Estado venezolano el 5 de mayo de 2023 por parte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que envió un documento en el que argumentan la supuesta arbitrariedad de las aprehensiones.
Rojas señaló que el Gobierno dio respuesta el 2 de agosto de 2023 a esa denuncia. Según las autoridades venezolanas, la captura se realizó bajo la modalidad de flagrancia y en todo momento las condiciones de detención de las dos mujeres se han ajustado a lo establecido en la Constitución, las normas nacionales e internacionales aplicables, incluido lo estipulado en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Los representantes del Gobierno explican que las instalaciones donde han permanecido detenidas las hermanas han sido visitadas por el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pudo constatar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad en esos establecimientos.
Asimismo, recuerdan que ambas admitieron los hechos por los cuales fueron imputadas y contaron con un abogado privado en San Juan de los Morros y defensa pública en Caracas. También, aclaran que el hecho de acogerse al procedimiento especial de admisión de los hechos en ningún momento implica que la persona quede en libertad de manera inmediata.
El periodista aseveró que las hermanas Silva Beroes no son las únicas que han tocado las puertas de una instancia internacional para que les declaren que su detención fue arbitraria.
Según Rojas, este grupo de trabajo no pondera el daño causado por el “Tren del Llano” a los medianos y pequeños productores de Guárico, muchos de los cuales han quebrado y han sido desplazados por la acción de estos criminales. También, agrega el periodista, dicha instancia obvia que en Venezuela existe una legislación donde queda establecido cómo se debe procesar a una persona presuntamente incursa en un delito.
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(LaIguana.TV)
