Desfalco a PDVSA: TSJ acordó por tercera vez extradición de Rafael Ramírez

Por tercera vez, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente solicitar la extradición a Venezuela, del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, cargo que ejerció entre 2004 y 2013, según 328 redactada por la magistrada Elsa Gómez.

En esta ocasión, la solicitud va dirigida a la república de Italia, donde se encuentra radicado el exministro de Petróleo, según el Ministerio Público.

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Los hechos por los cuales la justicia venezolana quiere juzgar a Ramírez están contenidos parcialmente en una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Andorra, del 30 de noviembre de 2012.

Dicho juzgado dejó establecido que Rafael Ramírez y su primo Diego Salazar organizaron un sistema de comisiones en relación a los contratos públicos de Pdvsa, para que las empresas que accedían a las licitaciones se viesen obligadas a contratar con su entramado empresarial y por esa vía poder conseguir las adjudicaciones, tras cancelar los millones de euros.

Esas contrataciones se celebraron sin cumplir con los controles y normativa, asegura el Ministerio Público.

El dinero recibido producto de las comisiones por el denominado “Grupo Salazar” entre los años 2007 y 2012, fue legitimado en la Banca Privada de Andorra, según investigación del Ministerio Fiscal de ese Estado europeo.

Y cuando Diego Salazar fue llamado por la Banca Privada de Andorra para que explicara el movimiento de fondos, éste confesó ‘’dedicarse a intermediar en la compra-venta de petróleo, y señalando ser socio del ciudadano Rafael Ramírez Carreño, quien ocupaba para la fecha el cargo de Ministro de Energía’’, dice la sentencia del juzgado de Andorra.

La investigación penal iniciada en Andorra, por el presunto delito mayor de blanqueo de dineros o valores, también involucra a los demás socios del Grupo Ramírez, venezolanos en su mayoría: Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano Bonet, Luis Pablo Laplana Moraes, José Luis Zabala y Omar Farias Luces.

La nueva solicitud

Esta nueva solicitud de extradición activada por el Ministerio Público ingresó a la Sala Penal el pasado 14 de Octubre. Ya para esa fecha el actual ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, había denunciado, ante la Fiscalía General, un nuevo capítulo en la trama de corrupción detectada en Pdvsa con presunta participación de Rafael Ramírez. Efectivamente, el 30 de Agosto pasado, El Aissami acudió al Ministerio Púbico y le entregó a su titular Tarek William Saab, un fajo de documentos. 

Pero el motivo principal por el cual Fiscalía activó esta nueva extradición, es el blanqueo de dinero proveniente del cobro de comisiones para otorgar contratos, situación que está contenida en un informe del 30 de noviembre de 2017, emanado de la Policía Nacional Contra Corrupción, realizado en base a reportes e informes emitidos por la Policía de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El informe refiere que la suma blanqueada a través de cuentas de empresas que el Grupo Salazar mantenía en la Banca Privada de Andorra, para el período comprendido de Octubre 2011 a Noviembre 2012, alcanza la cantidad de un millardo trescientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y nueve mil novecientos setenta y dos Euros (€1.347.339.972).

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estima que la Banca Privada de Andorra facilitó el movimiento de aproximadamente cuatro millones doscientos mil dólares ($4.200.000,00) relacionados con blanqueo de capitales proveniente de Venezuela, precisa el informe.

Para blanquear el dinero proveniente de la corrupción y cobro de vacunas a los contratantes de Pdvsa, el Grupo Salazar abrió 40 ‘’entidades instrumentales’’  en Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas.

‘’Estas entidades instrumentales fueron usadas para manejar y blanquear fondos provenientes de corrupción y fraude, y ocultar la identidad de sus beneficiarios tratando de dar la apariencia de ser empresas mercantiles o sociedades de asesoría técnica y   comercial’’, detalla el informe.

Por esas razones, el Ministerio Público representado en la fiscal 28, Jhoanna Vanessa Borrego Ramírez, solicitó el 7 de septiembre pasado una nueva privativa de libertad contra Rafael Ramírez con fines de extradición, por los delitos de peculado doloso propio, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.

Ese mismo día, el Tribunal Sexto de Control de Caracas acordó lo solicitado por el Ministerio Público y remitió el expediente a la Sala Penal.

Los magistrados analizaron el planteamiento, verificaron que se cumplieron todos los requisitos y declararon procedente la petición de extradición.

La sentencia deja asentado que “el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso ante la República Italiana, que el mencionado ciudadano será procesado con las debidas garantías’’.

Otras extradiciones

* La primera solicitud de extradición para traer a Venezuela a Rafael Ramírez, fue aprobada el 17 de Agosto de 2018, según sentencia 258 de la Sala Penal. En esa ocasión le petición fue dirigida al Reino de España, donde se tenía la certeza de que el ex presidente de Pdvsa estaba radicado allí. La solicitud se basó en presuntas irregularidades detectadas en un contrato entre Pdvsa y Petro-Saudi (Septiembre 2010) para el alquiler de un buque destinado a la extracción de gas en el proyecto Mariscal Sucre. El contrato se firmó con un sobreprecio que alcanzó 274%, según Fiscalía.

* El 6 de Noviembre de 2019 se inició el nuevo procedimiento de extradición, en virtud de que Rafael Ramírez migró de España a Italia. Pero ese proceso, se basó en los mismos hechos de la primera solicitud de extradición, es decir, el contrato con presunto sobreprecio entre Pdvsa y Petrosaudí.

(ÚN)