El Comité contra la Tortura ha solicitado a Cuba “investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021”.
La recomendación está recogida en el último informe emitido este viernes por el Comité, en el que expresa su preocupación por las denuncias que documentan que durante las protestas se produjeron malos tratos como golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas.
También en relación con las protestas, los expertos en derechos humanos que componen el Comité, y que toman nota del rechazo de estas alegaciones del Estado cubano, expresaron su preocupación por “las denuncias de juicios sumarios sin garantías al debido proceso, las restricciones a la movilidad, las limitaciones en el acceso a internet y los actos de repudio”.
Por ello, recomiendan a Cuba establecer protocolos que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales, conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos.
Represalias contra defensores de los derechos humanos, periodistas y artistas
De forma más genérica, el Comité reiteró “su preocupación por informaciones de las Naciones Unidas que documentan casos de hostigamiento, agresiones, detenciones arbitrarias, encarcelamiento y represalias a defensores de derechos humanos, periodistas y artistas, especialmente aquellos considerados como opositores políticos”.
El informe recoge una serie de recomendaciones para que Cuba adopte las medidas necesarias para prevenir esas detenciones y actos de hostigamiento, y para que garantice que, cuando se produzcan, sean investigados y los responsables sean sancionados.
Además, recomienda establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Otra cuestión que aborda el Comité es la de las muertes en custodia y lamenta que el Estado no haya presentado información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el periodo de examen del Comité, que fueron en un promedio de 100 al año y cuya causa principal serían las enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la información facilitada por Cuba.
Por este motivo, el Comité recomienda al Estado del país caribeño “asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícita”.
También solicita “investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodia, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares”.
Tras señalar su preocupación por la subordinación de la Fiscalía General de la República al presidente de la República, establecida en el artículo 157 de la Constitución cubana, y por las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía puesto que únicamente los miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pueden ejercer la profesión en el Estado parte, los expertos del Comité recuerdan que el Estado debe velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia de la fiscalía general y del poder judicial, en particular asegurándose de que el nombramiento de los jueces se ajuste a las normas internacionales pertinentes.
