Ante el Congreso de la República de Colombia, fue radicado un Proyecto de Ley que pretende beneficiar a 1.200 niños, niñas y adolescentes venezolanos que han sido abandonados por sus padres en Colombia y que no han podido encontrar un hogar o que no tienen la nacionalidad colombiana y se encuentran bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El Proyecto fue radicado en la mañana de hoy, por el Ministerio del Interior, el ICBF y la entidad Prosperidad Social, quienes presentaron la iniciativa que pretende otorgarles la nacionalidad a los niños venezolanos, para que con eso puedan no solo puedan encontrar un hogar, sino acceder fácilmente a servicios como salud y educación.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, pidió al Congreso que el proyecto, que tiene la firma de todos los ministros del gabinete, se pueda hacer ley para que “los más de 1.200 niños que, en este momento, se encuentran en custodia del ICBF, que han sido abandonados y que no tienen familia, reciban la nacionalidad colombiana para que puedan tener acceso a todos los derechos, garantías y protección de la Constitución”, señaló.
La iniciativa fue radicada con urgencia frente a la situación que viven las niñas y niños venezolanos por la oleada migratoria que se mantiene como consecuencia de la crisis en Venezuela. “La necesidad de este proyecto radica en la situación que viven estos niños, muchos de ellos llevan más de 8 meses en esta situación, algunos inclusive durante más de 3 años se encuentran en estado de desprotección y aunque están en el ICBF no tienen garantías y plenos derechos”, aseguró Palacios.
Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, sostuvo que actualmente hay 1.200 niños y niñas migrantes que ya llevan más de 18 meses bajo la institucionalidad del ICBF y desafortunadamente no tienen ese derecho a una familia.
Sí el proyecto es aprobado, el Gobierno se comprometería no solo a otorgar la nacionalidad, sino a garantizar el derecho a una familia para los niños venezolanos mediante hogares sustitutos especiales para población migrante, “con la posibilidad de que estas familias tengan la patria potestad de los niños y niñas”, señaló Arbeláez.