Explotó la guerra en Colombia: Paro armado tiene aterrorizada y encerrada a parte de su población (+Video)

Colombia vive una etapa particularmente cruenta de su larga guerra interna, con grave riesgo de magnicidio y golpe de Estado, cuando apenas faltan unos días para las elecciones presidenciales, advirtió el filósofo y comunicador político Miguel Ángel Pérez Pirela durante la presentación de una investigación al respecto en su programa Desde Donde Sea. 

“Hemos dedicado muchos de nuestros programas al conflicto de la OTAN con Rusia en Ucrania, pero hoy queremos cambiar de tema y abordar otro que se ha vuelto urgente, necesario, obligatorio. Justo al lado de nuestro país, en nuestro continente, se está dando también una guerra, acaso silenciosa, poco publicitada, pero guerra al fin con masacres, asesinatos, toques de queda: la guerra eterna de Colombia”, expresó. 

Detalló que, a pocos días de las elecciones, una región completa de Colombia está en toque de queda decretado por el paramilitarismo, uno de los tres estados de ese país, pues los otros dos son el Estado oficial y las guerrillas o sus deformaciones actuales. “Esos estados están tienen en común el narcotráfico, que es transversal a los tres. Por eso, mientras acá hablamos siguen las masacres, siguen cayendo los líderes sociales, mujeres, indígenas, jóvenes. El gobierno del señor Iván Duque, que es en realidad el de Álvaro Uribe Vélez, mientras tanto, sigue mirando hacia Estados Unidos, pues su único propósito es cumplir al pie de la letra las órdenes que le den desde allá”.  

En el programa, Pérez Pirela también abordó el tema de la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, de la que EE.UU. ha excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela, actitud frente a la cual han reaccionado varios presidentes de la región.  

Colombia en guerra: los hechos

A menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Colombia vive uno de los peores ciclos de violencia de los últimos años, sin que el Estado colombiano, encabezado por el presidente Duque, haya sido capaz de ofrecer una respuesta apropiada.   

Así, sicarios asesinaron en una playa privada a un fiscal paraguayo que investigaba casos de narcotráfico en su país, mientras el paro decretado por grupo narcoparamilitar «Clan del Golfo» dejó un saldo de más de dos decenas de fallecidos, bloqueos de vías, interrupción del comercio y el transporte, así como confinamientos y desplazamientos forzados.  

La semana previa, Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición izquierdista Pacto Histórico y favorito en las encuestas, se vio obligado, entre otras cosas, a suspender varios actos de campaña tras recibir amenazas de muerte del grupo paramilitar «La Cordillera».  

Asimismo, familiares y representantes de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el marco de la política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, exigieron su comparecencia ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pues las investigaciones le comprometen con la violación sistemática de los derechos humanos y la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad.  

Comenzó la parte editorial con el Iguanazo, del caricaturista Iván Lira, en el que aparece una representación de la dama ciega y el exmandatario Uribe. El texto dice: “La justicia colombiana puede castigar a Uribe, pero Uribe sabe cómo castigar a la justicia”.  

Presentó un primer titular de LaIguana.TV, que dice: “Escándalo: asesinan en Colombia al fiscal Paraguayo Marcelo Pecci”. 

El texto indica que un sicario asesinó este martes a Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo especializado en crimen organizado y narcotráfico, mientras se encontraba de luna de miel en una playa privada cercana a Cartagena (Colombia).    

De acuerdo con informes oficiales, Pecci fue interceptado por un hombre armado en la vía pública y recibió tres balazos, al tiempo que su esposa, Claudia Aguilera, quien al parecer, está embarazada, resultó ilesa.  

El crimen tuvo lugar en la isla de Barú, ubicada a 45 minutos de Cartagena y según las autoridades, está completamente descartada la hipótesis del robo y el caso se investiga como un asesinato por encargo, vista la naturaleza de los casos que el funcionario tenía a su cargo.  

Según el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, además de Colombia y Paraguay, en el esclarecimiento del crimen también participará el gobierno estadounidense.  

Entretanto, la Policía Nacional de Colombia ofreció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos –unos 490.000 dólares– para quien aporte información que ayude a localizar al tirador, del que ya existe un retrato hablado elaborado a partir de imágenes de cámaras de seguridad.  

La periodista Madelein García, corresponsal de teleSUR en Caracas, advirtió este miércoles que medios colombianos comenzaron a difundir la especie de que el autor de los disparos podría ser de nacionalidad venezolana.  

Marcelo Pecci no era un fiscal cualquiera, sino un personaje de alto perfil dentro de Paraguay, como testimonian los casos que le fueron asignados, entre los que se cuentan atentados, sicariatos, violencia política, actividades de la mafia italiana e incluso, el proceso contra el exfutbolista brasileño Ronaldinho.  

Sobre este punto, la nota de LaIguana.TV se tituló: De Ronaldinho a Ndrangheta: los casos investigados por el fiscal paraguayo asesinado en Colombia.

El nombre de Pecci se asoció a la megaoperación «A Ultranza PY», considerado como uno de los operativos contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos más importantes en la historia del país sudamericano, en el que se incautaron decenas de vehículos, aeronaves, inmuebles, dos yates y 1.000 cabezas de ganado.  

En marzo de 2022, el Ministerio Público paraguayo designó a Marcelo Pecci y a otros fiscales en un operativo que concluyó con el desmantelamiento de una banda criminal con la que se relacionó a dos diputados nacionales de «Honor Colorado», una fracción del gobernante Partido Colorado encabezada por el expresidente Horacio Cartes.  

Asimismo, en 2021 se reunió en Asunción con representantes de la policía italiana que lo alertaron sobre las operaciones de la organización criminal Ndrangheta y en 2020 investigó el caso del futbolista Ronaldinho, quien fue apresado tras haber ingresado al país con documentos falsos.  

Indagaciones realizadas por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla, sugieren que algún cartel de la droga sería el autor intelectual del crimen, tal y como comentara el exministro del Interior de Paraguay Arnaldo Giuzzo, quien fue removido de su cargo el pasado febrero por sus nexos con el narcotráfico, en un caso que también salpicó al expresidente Cartes. 

El saldo mortal del «paro armado» 

El pasado jueves 5 de mayo, el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), decretó un «paro general» en respuesta a la extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Úsuga, conocido en el mundo delincuencial bajo el alias de «Otoniel».  

El titular de LaIguana.TV señala: «Quien no acate será dado de baja»: Clan del Golfo inicia paro armado en Colombia por extradición de Otoniel”.

El texto indica que, por medio de panfletos, las Autodefensas Gaitanistas anunciaron que el paro armado duraría cuatro días y advirtieron que quienes no obedecieran «la orden», serían «dados de baja».  

Pese a las promesas formuladas por Duque y su ministro de Defensa, Diego Molano, de garantizar la seguridad, el transporte y la actividad comercial en todo el territorio, durante esas fechas, la fuerza pública estuvo ausente y los grupos irregulares actuaron a sus anchas.  

Casi desde el primer momento circularon informes de amedrentamientos, amenazas, ataques, cierres de vías, confinamientos y desplazamientos forzados, e incluso, de asesinatos.  

Asimismo, por las redes sociales se difundieron videos de ataques a los ciudadanos que osaron a quebrantar las órdenes del grupo narcoparamilitar, sin que se evidenciaran acciones concretas del estado colombiano para impedirlos.  

Presentó un video ataque a ciudadano que fue apaleado por haber salido de su casa en el paro armado. 

Un informe preliminar presentado el pasado lunes por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), refiere que las Autodefensas Gaitanistas perpetraron 127 acciones violentas en 73 municipios de 10 departamentos entre el 5 y el 8 de mayo. 

El inventario de hechos incluyó asesinatos, amenazas contra medios, periodistas y líderes sociales, quema de vehículos, ataques a comerciantes, restricciones a la movilidad y al comercio, así como hostigamientos a la policía.  

Un informe presentado por teleSUR en la jornada de este 10 de mayo basado en fuentes oficiales, elevó estas cifras y sumó a la lista un atentado contra una caravana custodiada por la fuerza pública en el departamento de Antioquia, en el que perdieron la vida un policía y un funcionario del Ejército.  

Sintéticamente, Indepaz refiere 176 acciones violentas en 90 municipios de 12 departamentos, liderados por Antioquia, Bolívar, Córdoba y Magdalena, aunque a juzgar por el mapa de incidencias, las Autodefensas Gaitanistas tendrían control de amplias zonas de la mitad norte del país. 

En el departamento del Chocó (noreste), punto estratégico para la salida de la droga hacia Estados Unidos y el Caribe, reportes periodísticos aseguran que unas 48.000 personas, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, fueron obligadas por los paramilitares a confinarse o a huir de sus casas.  

La situación no es nueva. En Quibdó, la capital departamental, casi 600 jóvenes dirigentes han sido asesinados desde la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz. Solo en los cuatro primeros meses de 2022 se registran 70 homicidios.  

Asimismo, entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2022, Indepaz contabiliza 71 líderes sociales o defensores de derechos humanos y 19 firmantes de los Acuerdos de Paz asesinados, al tiempo que las masacres ya suman casi 40.  

Sin embargo, los efectos de la guerra continuada en el vecino país no parecen alcanzar a las élites político-económicas, que se permitieron celebrar, en medio de esta guerra, una boda fastuosa en la ciudad de Montería (norte) y publicar imágenes en las redes sociales, mientras millones de personas eran obligadas a permanecer encerradas en sus viviendas bajo amenazas de muerte. 

«Bailando sobre el dolor: contundente rechazo a lujosa boda de la élite conservadora en pleno paro armado en Colombia”, tituló LaIguana.TV. 

En una nota publicada por medios colombianos, se afirma que «la élite conservadora y política de Córdoba» se reunió en el club campestre de Montería para asistir al matrimonio de Laura Camila Sotomayor y Ricardo Pimienta. 

Según esa misma fuente, al festejo acudieron congresistas y políticos cercanos al uribismo, incluyendo al representante Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar “Jorge 40”, quien se vio envuelto en una polémica porque obtuvo una curul en el Congreso destinada a las víctimas del conflicto armado. 

Presentó imágenes de Twitter con fotos de la boda. 

Al informar la captura de «Otoniel» el pasado mes de noviembre, Duque aseguró que era el fin del así llamado «Clan del Golfo», pero estos hechos contrastan abiertamente con sus declaraciones y dejan al descubierto el fracaso de su política de seguridad, que se ha enfocado en reprimir la protesta social.  

Organizaciones de derechos humanos advierten que, durante su administración, no solo no se ha hecho nada por poner en marcha los Acuerdos de Paz de 2016, sino que el paramilitarismo ha ganado terreno, al tiempo que las cifras de asesinatos de líderes sociales y firmantes de los acuerdos han crecido exponencialmente.  

Incluso parecen haber regresado a Colombia los tiempos en los que grupos paramilitares amenazaban de muerte a candidatos presidenciales de la izquierda, pese a las retóricas de compromiso con la seguridad de todos los aspirantes pronunciados desde la Casa de Nariño. 

El paramilitarismo juega sus últimas cartas contra Petro

A inicios de mayo, el candidato y principal favorito en las elecciones presidenciales colombianas, Gustavo Petro, se vio obligado a suspender varios actos de masas en departamentos del Eje Cafetero, tras haber recibido amenazas de muerte del grupo paramilitar «La Cordillera».  

Otro titular de LaIguana.TV indica que “Por amenazas de muerte: Gustavo Petro suspende gira electoral en esta región”. 

En un comunicado, miembros de la campaña de Petro informaron que «La Cordillera” es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de esa organización criminal». 

Según se precisó, el grupo responsable de las amenazas es el autor del asesinato del dirigente social Lucas Villa, quien cayó baleado mientras participaba en una protesta antigubernamental pacífica.  

La noticia cayó como un balde de agua fría en un sector de la población colombiana, que recuerda vívidamente lo ocurrido hace más de tres décadas, cuando terminaron asesinados varios candidatos que amenazaban con romper el bipartidismo histórico desde la izquierda y alcanzar el poder político a través de las urnas.   

El pasado jueves 5 de mayo, Petro retomó sus actividades públicas rodeado por un equipo de seguridad extremo, impropio de un país donde reina el juego democrático.   

Trascendió que el equipo de campaña del dirigente del Pacto Histórico entabló conversaciones con el gobierno de Iván Duque, que se comprometió a reforzar su seguridad personal y a desplegar masivamente a la Policía y al Ejército en los lugares donde esté previsto que realice actos proselitistas.  

El primer punto de recorrido anunciado fue la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), donde cuatro años atrás el vehículo en el que se desplazaba sufrió un atentado.   

Las fuerzas derechistas –oficiales y extraoficiales– no solamente se han concentrado en amedrentar al candidato y a los pobladores de regiones en las que goza de mayores simpatías, sino que han activado la institucionalidad controlada por el uribismo para desarticular o sembrar dudas contra políticos adscritos al Pacto Histórico.  

El más reciente de estos hechos fue la reedición del polémico proceso de destitución a través de la Procuraduría con el que se expulsó por breve tiempo a Petro mientras era alcalde de Bogotá, esta vez en la persona del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.  

El titular de LaIguana.TV al respecto explica que “Suspendieron temporalmente al alcalde de Medellín: Esto dice la Procuraduría”.  

La Procuraduría General de Colombia anunció este martes la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de otros tres funcionarios, quienes serán sometidos a una investigación por su presunta participación e intervención en la campaña electoral, lo que está prohibido en la legislación colombiana.  

Según expresara la procuradora Margarita Cabello, ella ordenó «la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional» de Quintero y otros tres dirigentes «por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas». 

Que Cabello haya advertido acerca de los medios «indirectos» de los que se habrían valido el alcalde de Medellín y otros funcionarios para «afectar» la campaña, fue la excusa esgrimida para esta judicialización.  

La acción se basó en un video compartido por el destituido alcalde en las redes sociales, en el que pronuncia la frase «en primera con el cambio» mientras toca la palanca de su vehículo. Según las autoridades colombianas, la palabra «cambio» se asocia a la campaña del Pacto Histórico.  

Daniel Quintero sucedió en la alcaldía de Medellín al hoy candidato presidencial del uribismo, Federico «Fico» Gutiérrez, y desde entonces ha tenido que sortear numerosas maniobras con la que se le ha tratado de apartar del cargo, que incluyen un intento de convocatoria a referéndum revocatorio y una investigación por presuntos actos de corrupción.  

Por su lado, Petro rechazó esta arremetida, a la que tachó de «golpe de Estado» y acusó a la procuradora Margarita Cabello de pretender favorecer al candidato del uribismo.  

Del mismo modo, su jefe de campaña dijo a los medios que en una reunión con Cabello se denunció la participación abierta de Duque y de militares en la campaña, pero como muestran los hechos, ello no trajo consigo ninguna acción judicial en su contra.  

Este miércoles, Petro publicó un contundente mensaje sobre el tema en Twitter: «Rompieron la Convención Americana usando una funcionaria de bolsillo del presidente, destituyendo a un funcionario, el de la segunda ciudad de Colombia. Si ganan ustedes los aplaudimos, si ganamos nosotros, jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros». 

Según las más recientes encuestas, Gustavo Petro es el favorito para encabezar la primera vuelta de los comicios y de haber una segunda, se impondría sobre «Fico» Gutiérrez con una ventaja categórica.  

Las preferencias electorales hacia Petro se concentran principalmente en Bogotá, el Caribe y la Costa Pacífica. Esta última región ha sido el punto de la geografía colombiana más golpeado por las acciones de las así llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el reciente «paro armado». 

¿Pagará Uribe por sus crímenes?

La prácticamente irremontable ventaja de Gustavo Petro muestra que el uribismo –que ha sido hegemónico en la política colombiana durante los últimos 20 años–, claramente no vive su mejor momento, aunque también es evidente que sigue controlando las instituciones.  

Diego Molano, ministro de Defensa de Iván Duque, logró superar una moción de censura en la Cámara Baja del Congreso, por su presunta responsabilidad en una masacre ocurrida en el departamento del Putumayo en la que perdieron la vida 11 personas y sobre la que se presentaron abundantes pruebas relativas a la participación del Ejército.  

Desde el otro lado de la moneda, exmilitares retirados comparecieron este martes ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia y asumieron que habían actuado bajo una política de Estado que favoreció el asesinato de personas inocentes para justificar los recursos recibidos por el Plan Colombia, acciones que han sido calificadas como crímenes de guerra y lesa humanidad.  

Por su parte, los familiares exigieron la Jurisdicción Especial de Paz que se obligue a comparecer a los máximos responsables de estos graves delitos –empezando por Uribe–, pero las investigaciones apuntan que en estos crímenes tuvieron participación activa el Ejército, algunas trasnacionales y paramilitares.  

Del mismo modo, los deudos han puesto en cuestión la cifra de ejecuciones extrajudiciales reconocida en la jurisdicción de paz, pues en su opinión se trata de un número preliminar que acusa subregistro.  

Pese a que estos gravísimos señalamientos ya disponen del testimonio de algunos perpetradores y responsables de los delitos como soporte, no luce fácil que Uribe pueda ser obligado a rendir declaraciones sobre este tema y antes bien, amenazó con demandar a quienes les acusan de atentar sistemáticamente contra los derechos humanos.  

Mientras controló directamente la mayoría en el Congreso, el exmandatario consiguió que se modificara lo estipulado en los Acuerdos de 2016 y no se impusiera a los expresidentes la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz.   

A finales de abril, víctimas del caso de soborno de testigos que se le sigue a Uribe, como el senador Iván Cepeda, demandaron a la justicia que enjuiciara al exmandatario, luego de que una jueza dictaminara que tendría que comparecer ante los tribunales.  

Una nota de LaIguana.TV se titula: Víctimas exigen llevar a juicio a Uribe en Colombia: ¿cómo va el caso? 

«Le hacemos un llamado muy respetuoso y franco al fiscal general, Francisco Barbosa: lo único que procede en derecho y en justicia es un llamado a juicio a la mayor brevedad», expresó Cepeda en una rueda de prensa. 

En la misma intervención, el senador subrayó que «por primera vez un expresidente va a tener que comparecer ante un juez de la República para asumir su responsabilidad penal ante hechos muy graves».  

Previamente, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa habían solicitado a la autoridad judicial precluir el proceso, al considerar que las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra Iván Cepeda. 

¿Se celebrará la Cumbre de las Américas?

Al abordar el segundo tema de la noche, presentó otro Iguanazo de Iván Lira, en el que se dice que “la Cumbre de las Américas se reserva el derecho de admisión”. 

La arrogancia del gobierno estadounidense ha puesto en riesgo la realización de la IX Cumbre de las Américas, que tendría que celebrarse entre el 06 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles y a la que deberían concurrir los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países independientes de la región.  

Empero, desde la administración Biden se anunció que no se cursarían invitaciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua bajo el argumento de que sus gobiernos no respetan la democracia.  

Esta extralimitación en su rol de anfitrión fue ampliamente criticada por líderes regionales, exmandatarios e instancias como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom).  

Desde la Celac se instó a la Casa Blanca a evitar exclusiones, priorizar las coincidencias y apuntalar el diálogo regional, pese a las diferencias existentes, un punto de vista que inicialmente compartieron, con matices, el presidente boliviano, Luis Arce, el expresidente Evo Morales y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.   

A finales de abril, cuando la administración Biden no se había pronunciado oficialmente, desde Caricom se advirtió que si se dejaba fuera a Cuba, 14 países caribeños se ausentarían y otros también lo harían en el caso de que Estados Unidos decidiera invitar a Juan Guaidó en lugar de al presidente venezolano, Nicolás Maduro.   

En una conferencia virtual, el embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, destacó en que «esta no es una Cumbre del gobierno de los Estados Unidos, es una Cumbre de todos los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio occidental, del cual el presidente Biden es uno más».  

Sanders también rechazó de plano que a la administración Biden le asista derecho alguno para «decidir quién en América y en el hemisferio occidental no debe ser invitado».  

Asimismo, Arce y López Obrador radicalizaron su posición y amenazaron directamente a Biden de no asistir al encuentro, si persistía en esa política de discriminación hacia los estados con los que su gobierno no tiene buenas relaciones.  

El titular de LaIguana.TV señaló: “Cumbre de las Américas en picada: Luis Arce tampoco participará si se excluye a países”  

«Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmó que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma», expresó el mandatario boliviano en Twitter. 

Arce remató sus dichos precisando que la política exterior de su nación se basa en «la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz». 

Por su lado, el presidente mexicano, López Obrador aseguró este 10 de abril que «si no se invita a todos», a la Cumbre asistirá una delegación de su gobierno, pero no él.  

López Obrador justificó su decisión como un acto de soberanía y una manifestación a favor de «la fraternidad universal» y contra la política confrontacional que defienden «grupos políticos» en los Estados Unidos, que querrían tener «de rehenes a los pueblos de América Latina».  

Las palabras de AMLO ocasionaron que este miércoles, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclarara que todavía no se han enviado las invitaciones y puntualizara que ello podría tener lugar incluso entre el 6 y el 10 de junio, fechas previstas para el evento.  

«Sabemos que la Cumbre es una valiosa oportunidad para enfocarnos en algunos temas compartidos como la lucha por la libertad y la democracia para todos los países, una respuesta más colaborativa ante la covid-19 y atender las causas raíces de la migración como el crimen organizado y la inestabilidad», dijo Psaki ante el cuestionamiento del líder azteca.  

Reflexiones y conclusiones 

Durante la presentación, Pérez Pirela planteó sus puntos de vista personales, reflexiones y conclusiones respecto a las diferentes aristas de los dos temas. 

Expresó que “no sabemos si Petro llegará vivo a las elecciones, pero sí sabemos que de ganar, será un duro golpe para el uribismo, el fenómeno político que vino a suceder a las presidencias de la oligarquía bogotana y dio poder a las oligarquías de provincia. Los Acuerdos de Paz son letra muerta y Colombia sigue sumergida en una guerra eterna”.  

Subrayó que “es lamentable ver lo que está pasando en esa Colombia que la derecha y la extrema derecha venezolana vendió como un paraíso, a la cual empujaron a miles de jóvenes, como un sueño de democracia”. 

A su juicio, en la ola de violencia actual incide la crisis del uribismo como gran centro de poder del país vecino. “Por muchos años, Uribe fue antes de ser presidente, dicho por el gobierno de EE.UU., uno de los principales narcotraficantes más importantes de Colombia, y luego de llegar a la presidencia, fue el gran narcotraficante. Durante mucho tiempo ha controlado a sus anchas a la justicia colombiana, si es que se puede llamar justicia”. 

“No hay Estado en Colombia, no hay ley en Colombia y quieren presentarse como un país avanzado que discute leyes modernas. Allí manda el que tenga más armas y así ha quedado demostrado con este paro armado”, sostuvo.  

Sobre el asesinato del fiscal paraguayo y las declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez, dijo: “Recordemos que este señor Abdo estuvo en la frontera con Duque, Juan Guaidó y Sebastián Piñera en 2019 cuando se pretendió invadir a Venezuela. Ahora dice que Colombia y EE.UU. van a ayudar a esclarecer el caso del fiscal paraguayo asesinado en Cartagena, así que pasarán años y no se sabrá nada”. 

Comentó que este caso es revelador de las hipocresías de la derecha latinoamericana. “Acá aparecen presidentes y ministros envueltos en toda clase de escándalos, son puras joyas, pero es a Venezuela a la que se llama narcodictadura y Estado fallido. Mafias, lavado de dinero, es la realidad de países que rasgándose las vestiduras para señalar a Venezuela. En este caso, vemos a malandros, mafiosos colombianos y paraguayos se matan entre ellos, pero tratan de desviar la atención diciendo que el que disparó el arma es de un venezolano. Ya resulta simplemente ridículo”.  

Respecto a la situación de Petro y el apoyo ofrecido por Duque, manifestó que “esto da más miedo. A mayor número de policías y militares alrededor de Petro, más riesgo corre su vida porque el paramilitarismo no es otra cosa que una extensión del Ejército y la Policía de Colombia. Los grupos paramilitares nacieron para ejecutar las masacres que los cuerpos de seguridad estatales no pueden hacer tan frontalmente” 

Luego de presentar el video del hombre apaleado por paramilitares por desacatar su llamado a paro, expresó: “Es tan difícil hablar de Colombia. Pedimos disculpas por este video, pero alguien tiene que denunciarlo. No hay ley en Colombia y lo peor es que lo han vendido como el ícono de la democracia en el continente. Tenemos gente conocida en Colombia que están encerrada en sus casas, y cómo hablar de elecciones y democracia si la gente ni siquiera puede circular por las calles”. 

“Si un grupo que paraliza medio país no es un paraestado, díganme ustedes qué es un paraestado. Si existiera un Estado en Colombia con el monopolio de las armas, esto no podría hacerse”, enfatizó. 

Al referirse a la fiesta que se realizó mientras los paramilitares imponían el confinamiento, señaló: “El paro armado es para los pobres, porque los ricachones rumbearon a todo dar. Pero el día que ese pueblo estalle no quedará piedra sobre piedra, no habrá estado ni paraestado que lo detenga”. 

Advirtió repetidamente sobre los riesgos que corre Petro. “Si hay un país que tiene un récord mundial de magnicidios es precisamente Colombia. Y yo pregunto: ¿se puede hablar de democracia en un país, cuando un candidato presidencial no puede ir a determinadas regiones porque lo asesinan?”.  

Recalcó que en las elecciones se están jugando muchas cosas, entre ellas la posibilidad de que sean castigados los desmanes de Uribe, sus masacres, su relación con el narcotráfico, los falsos positivos y las fosas comunes”.

Respecto a las incidencias alrededor de la Cumbre de las Américas, Pérez Pirela ponderó positivamente la reacción de Arce y López Obrador. A este último lo elogió por tener una posición vertical y por ser “un tipo serio que visitó a Cuba en un gesto histórico”.

El moderador suscribió el comentario del usuario Diógenes, quien aseveró que la pretensión de EE.UU. de excluir de la Cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela es “otro clavo para el ataúd de la Organización de Estados Americanos”. 

Las afirmaciones de Pérez Pirela respecto a Colombia fueron respaldadas por varias personas que enviaron comentarios desde el país vecino, señalando que el clima reinante es de violencia y guerra. 

Videos presentados

A lo largo del programa se presentaron estos materiales audiovisuales: 

 -Nota sobre la investigación del asesinato del fiscal Paraguayo Marcelo Pecci en Colombia (Nexo Latino/ HispanTV).

-Tuit de Madelein García 

-Hilo de tuits de La Tabla. 

-Ataque paramilitar a ciudadano colombiano (viral en Twitter).

-Informe sobre el paro armado (teleSUR).

-Tuit de Indepaz sobre cifras de masacres.

-Nota acerca de desplazamientos forzados en el departamento del Chocó (teleSUR).

-Reportaje sobre el fracaso de la política de seguridad de Duque (teleSUR).

-Notas del equipo de inteligencia de Gustavo Petro sobre el plan para atentar contra su vida y la retoma de sus actividades de campaña (teleSUR).

-Declaraciones de la procuradora Margarita Cabello,  (El Tiempo).

-Material audiovisual en redes sociales del alcalde Daniel Quintero.

-Declaraciones de Petro en rechazo a la suspensión del alcalde de Medellín (teleSUR).

-Reportaje sobre cómo Petro se afianza como favorito de cara a las presidenciales (teleSUR).

-Declaraciones de militares retirados que admiten su responsabilidad ante la Comisión de la Verdad (teleSUR).

-Explicación de por qué la JEP no tiene capacidad para exigir declaraciones de expresidentes de Colombia (teleSUR).

-Críticas contra EE.UU. por exclusiones en Cumbre de las Américas (Nexo Latino /HispanTV).

-Declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (Presidencia de México).

(LaIguana.TV)