Presunto cabecilla de ‘Los Lobos’ teme por su vida y pide no ser entregado a Ecuador

La defensa de Wilmer Chavarría, ‘Pipo’, presunto líder de ‘Los Lobos’, la banda criminal más poderosa de Ecuador, ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de extraditarlo a ese país al entender que no se cumplen las garantías exigibles y que su vida estaría en peligro.

El recurso, al que ha tenido acceso EFE, pretende que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoque la decisión adoptada por la sección Tercera de esa misma Sala, dado que considera que Ecuador no ha aportado garantías específicas, indivdualizadas ni verificables.

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De hecho, la defensa sospecha que, aunque el motivo de la entrega es que termine de cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios durante un tiroteo tras el asalto a un banco en 2010, en realidad Ecuador quiere eludir el control de España para investigarle por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en 2023.

La Audiencia acordó la extradición de Chavarría a finales de julio, meses después de que los magistrados rechazasen su entrega a Estados Unidos, que le reclamaba por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.

Detenido en noviembre de 2025 en Málaga

El presunto narcotraficante fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Una de las razones que alega su defensa es que la causa por la que se le reclama consta como extinta en Ecuador desde su supuesta muerte, dado que nadie corrigió esa decisión cuando se supo que en realidad estaba vivo.

Pero al margen de esa cuestión, Chavarría recuerda que en febrero fue interrogado en la prisión de Zuera (Zaragoza), a petición de la Fiscalía ecuatoriana, en relación al asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en 2023, y aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que el candidato asesinado ganara las elecciones de 2025.

Por ello, sospecha que el verdadero interés de las autoridades ecuatorianas está en ese procedimiento -por el que no se le reclama oficialmente- y su declaración contra el actual presidente le pone en riesgo.

Los hechos por los que la Audiencia Nacional ha accedido ahora a su entrega -sin perjuicio de la última decisión que corresponde al Gobierno- sucedieron la mañana del 3 de julio de 2010, cuando el reclamado y otros dos implicados asaltaron una sucursal bancaria en Ecuador, de la que se llevaron 38.000 dólares, según la documentación remitidas por las autoridades ecuatorianas.

Tras el robo, se produjo un intercambio de disparos en una persecución policial. Tres personas fallecieron.

Un tribunal de Ecuador condenó a 16 años de cárcel a Chavarría en 2010 -de los que cumplió más de 11-, pero 11 años después, en septiembre de 2021, otro tribunal declaró extinta la condena al contar con un supuesto certificado de defunción que «daba cuenta» de que el reclamado había fallecido el 23 de febrero de ese año.

Poco después se supo que el documento que sirvió para la inscripción de la defunción era falso, de modo que anuló la extinción de la condena.

Vista de extradición

Durante la vista de extradición, celebrada el pasado mes de junio, la Fiscalía apoyó la entrega y la defensa se opuso, al denunciar que en Ecuador hay riesgo de tratos inhumanos o degradantes y que su vida estaría en peligro.

El tribunal solicitó información complementaria al país para que certificase el tiempo que resta por cumplir a Chavarría (casi cinco años) y también para que informase sobre las garantías penitenciarias, «individualizadas y verificables», que regirían en caso de entregarlo.

Ecuador informó de la normativa sobre derechos y garantías de personas privadas de libertad, así como de las acciones concretas implementadas para garantizar de forma efectiva los derechos a la vida y a la integridad personal de los presos.

Una «extensa contestación» que, para la Audiencia Nacional, «revela la prestación de garantías suficientes» de que el ingreso en prisión de Chavarría «va a respetar sus derechos fundamentales».

Por el contrario, la defensa de Chavarría sostiene que la respuesta no aporta ninguna garantía de que se vayan a respetar esos derechos y añade que su vida corre peligro tras ser señalado públicamente por las autoridades ecuatorianas en la categoría de «narcoterroristas» y tras su declaración en la que incrimina a Noboa en el asesinato de Villavicencio.

Agencia EFE